La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia «Maru» Campos Galván, acudió a la Ciudad de México para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) en calidad de testigo. La citación federal forma parte de una investigación abierta tras un polémico operativo antinarcóticos en el que presuntamente participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, un hecho que la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado estrictamente como un asunto de «soberanía nacional» y no como un conflicto partidista.
Rodeada por dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional (PAN) y simpatizantes, la mandataria estatal convirtió su llegada a las instalaciones federales en un mitin político, donde denunció enérgicamente ser víctima de una «persecución política pura y dura» orquestada por el Gobierno Federal y Morena. Campos defendió las acciones de seguridad en su estado y argumentó que se le pretende criminalizar por el desmantelamiento de un laboratorio clandestino, mientras que el partido oficialista ya formalizó una solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados para buscar su destitución.
Por su parte, la oposición respaldó por completo a la gobernadora, acusando al oficialismo de utilizar el caso de Chihuahua como una «caja china» para desviar la atención de los recientes escándalos que golpean a otras entidades. En contraste, figuras como el exgobernador y actual senador Javier Corral rechazaron las acusaciones de Campos, señalando que la panista busca victimizarse frente a un trámite legal ordinario, mientras la tensión política entre el gobierno de Chihuahua y la federación continúa escalando de cara al proceso judicial.
