El proceso para traer de regreso a México al excontralmirante Fernando Farías Laguna —acusado de liderar una red de «huachicol fiscal»— dio un giro imprevisto tras su detención en Buenos Aires, Argentina, en abril. Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) había formalizado la solicitud de extradición e interpuesto una ficha roja de Interpol, el procedimiento atravesó diversos recursos de la defensa, incluyendo alegatos de riesgo a su vida, la petición de asilo político y un juicio formal de extradición previsto para desahogarse a finales de agosto.
No obstante, las autoridades federales optaron por no desahogar el procedimiento extraditionario tradicional y desistieron formalmente del pedido ante los tribunales argentinos. En su lugar, la entrega del exservidor público a las autoridades mexicanas se gestionó por la vía de la deportación y expulsión autorizada por el gobierno argentino, debido a su ingreso a ese país con identidad e instrumento migratorio falsos. Con esto, la justicia de Argentina ordenó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones locales para permitir su inmediato traslado a territorio nacional a fin de enfrentar los cargos por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
