El Gobierno de México ha decidido ensayar una atrevida estrategia jurídica y política al presentar denuncias formales ante las fiscalías estatales y federales de Estados Unidos por las muertes de ciudadanos mexicanos a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el país busca una condena por lo que califica abiertamente como «homicidios» y violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas bajo la dura ofensiva migratoria de la gestión de Donald Trump. La gota que derramó el vaso en esta crisis diplomática fue el reciente abatimiento a tiros del connacional Lorenzo Salgado Araujo por parte de agentes del ICE en Houston, Texas, sumándose a una alarmante cifra de fallecimientos bajo custodia o en operativos fronterizos.
Lejos de limitarse a las tradicionales protestas diplomáticas, la estrategia legal mexicana contempla entablar acciones civiles contra las corporaciones privadas que operan los centros de detención estadounidenses, donde se denuncian condiciones insalubres y graves omisiones médicas. Asimismo, el Gobierno de México ha sumado el respaldo de su Senado y recurrirá al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para exigir la protección de sus connacionales. Con esto, México busca sentar un precedente histórico en los tribunales norteamericanos y forzar una rendición de cuentas que frene el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades migratorias del vecino país.
