El futuro político del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez se encuentra en una encrucijada crítica tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa durante su etapa como secretario general de Gobierno. Luego de ausentarse de las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y mantener un perfil bajo, la presión pública e interna ha dejado en el aire la incógnita de si el legislador reaparecerá con normalidad en sus funciones parlamentarias, solicitará una licencia temporal o si la dirigencia de Morena optará por forzar su separación del cargo para mitigar el costo político.
Ante las persistentes demandas de la oposición y de un sector de su propio partido que considera deseable su separación del escaño, Inzunza ha descartado tajantemente pedir licencia, argumentando que sus obligaciones legislativas permanecen intactas y calificando los señalamientos de falsedades e intentos de injerencia. El legislador ha asegurado que no recurrirá a su fuero constitucional y que reasumirá plenamente sus actividades de manera presencial durante las próximas sesiones del periodo extraordinario en el Senado, desafiando las voces que piden que se aparte mientras se deslindan responsabilidades.
En un movimiento estratégico para disipar dudas sobre su disposición a rendir cuentas, el senador compareció de manera voluntaria ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán. Inzunza, actuando en defensa propia como abogado, declaró ante las autoridades federales en una jornada en la que también acudieron a testificar otros señalados de la entidad, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya. Con este paso judicial, el morenista busca desactivar la presión política y legitimar su postura de mantenerse en el cargo, dejando el balón en la cancha del partido mayoritario, que aún debate cómo manejar la crisis institucional.
