Ante el desafío creciente de la injerencia delictiva en las contiendas electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) contempla adoptar las mejores prácticas internacionales de países como Colombia, Brasil y Perú, que han enfrentado retos similares en la región. Estos modelos combinan cooperación interinstitucional entre organismos electorales, agencias de inteligencia financiera e instancias de seguridad para fiscalizar flujos de dinero sospechosos, detectar antecedentes de riesgo e impedir la infiltration criminal en las postulaciones.
A través de mecanismos como la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas y el intercambio confidencial de datos con dependencias de inteligencia y procuración de justicia (como la UIF y la FGR), la autoridad electoral mexicana busca erigir un filtro preventivo. La finalidad de replicar estas estrategias latinoamericanas es proteger la autonomía de las administraciones locales y salvaguardar la legitimidad del voto frente a la coacción y la violencia política.
