La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de evidencia clave sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con las investigaciones actuales y testimonios ministeriales, el exmandatario habría ordenado la destrucción de grabaciones y material decisivo durante las primeras horas posteriores a los hechos, lo que entorpeció de manera sistemática las indagatorias iniciales sobre el caso.
Esta aprehensión representa uno de los movimientos judiciales más significativos de los últimos años en la búsqueda de verdad y justicia para las familias de los estudiantes. Con este procedimiento, las autoridades federales buscan deslindar las cadenas de mando y responsabilidades políticas en la obstrucción de la justicia, marcando un hito en la investigación de una de las mayores heridas abiertas en los derechos humanos del país.
