Las medidas regulatorias sobre el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles en las escuelas han avanzado formalmente en 11 entidades de la República Mexicana, entre las que se encuentran Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, el Estado de México, la Ciudad de México, Tamaulipas, Querétaro, Guerrero y Morelos. Estas reformas, implementadas progresivamente entre 2025 y 2026 mediante modificaciones a las leyes educativas locales o protocolos administrativos, prohíben el uso de los teléfonos durante el horario de clases, permitiéndolos únicamente cuando el docente lo autorice con fines netamente pedagógicos.
El principal objetivo de estas normativas es reducir las distracciones en el aula para mejorar la concentración académica, así como prevenir la violencia digital al restringir la grabación o difusión de contenidos sin consentimiento dentro de los planteles. Los reglamentos internos de cada escuela contemplan una aplicación gradual de sanciones ante el incumplimiento, las cuales van desde llamadas de atención verbales y notificaciones por escrito a los tutores, hasta el resguardo o retiro temporal del dispositivo durante la jornada escolar.
