Durante los últimos meses de su primer mandato presidencial, Donald Trump rechazó formalmente casi 6.000 solicitudes de indulto y conmutación de penas, una cifra masiva que desmoronó las expectativas de miles de reclusos y sus familias. A pesar de que la opinión pública y diversos defensores de la reforma de la justicia penal esperaban una ola masiva de actos de clemencia orientada a personas condenadas por delitos no violentos de drogas o que cumplían sentencias desproporcionadas, la Oficina del Fiscal de Clemencia del Departamento de Justicia terminó emitiendo denegaciones en masa en un periodo muy breve.
Esta decisión contrastó marcadamente con la percepción de que el mandatario otorgaba favores judiciales con facilidad, ya que la gran mayoría de los indultos concedidos por Trump se concentraron en un grupo reducido de aliados políticos, figuras públicas y personas con acceso directo a sus círculos cercanos. Mientras miles de peticiones presentadas por el conducto regular eran descartadas sin una revisión exhaustiva, el presidente utilizó su poder constitucional de manera altamente selectiva, dejando a la deriva a la abrumadora mayoría de los solicitantes sin influencias en la Casa Blanca.
