El Gobierno de Estados Unidos ha desembolsado más de 81,000 millones de dólares en devoluciones a empresas importadoras tras el histórico revés judicial propinado por el Tribunal Supremo, que declaró ilegal la política arancelaria del presidente Donald Trump. En un fallo de seis votos contra tres emitido en febrero, el máximo tribunal determinó que la Casa Blanca se extralimitó en sus facultades ejecutivas al invocar leyes de poderes de emergencia para imponer de forma unilateral gravámenes masivos a mercancías extranjeras. El Departamento del Tesoro detalló que la gran mayoría de estos reembolsos multimillonarios se procesaron entre mayo y junio, devolviendo de golpe recursos que representaban casi la mitad de los fondos en disputa y desmantelando uno de los pilares de la recaudación fiscal de la administración actual.
Este masivo esquema de compensaciones obligatorias ha provocado un severo impacto en las finanzas públicas estadounidenses, neutralizando los beneficios proyectados por el Ejecutivo y ensanchando el déficit fiscal federal hasta los 1.367 billones de dólares en los primeros nueve meses del año fiscal. La presión económica sobre Washington se ha agudizado debido a que esta crisis de ingresos coincide con un incremento del gasto militar y pagos de intereses de la deuda nacional que ya superan el billón de dólares. A pesar del fuerte cuestionamiento legal y de las advertencias de analistas sobre el impacto inflacionario que generaron estas medidas, la administración de Trump se mantiene firme en su estrategia proteccionista y ya alista una nueva ronda de aranceles globales para cuando expiren las tasas temporales vigentes.
