El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció oficialmente la cancelación de los procesos electorales en el país, asegurando abiertamente que «no volverá a haber elecciones». En un discurso que sepulta cualquier aspiración de alternancia democrática, el mandatario justificó la medida bajo el argumento de evitar que fuerzas de oposición ligadas a intereses extranjeros retomen el poder. La decisión elimina de forma definitiva los comicios generales que estaban previstos, oficializando una estructura gubernamental sin contrapesos ni posibilidad de sucesión mediante el voto popular.
Este movimiento consolida un régimen de partido único encabezado por Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, tras años de persecución a opositores, cierre de ONGs y alteración de las leyes electorales. Diversos organismos internacionales y la oposición en el exilio han reaccionado con urgencia, denunciando el fin de la democracia formal en la nación centroamericana y haciendo un llamado a la comunidad internacional para intensificar las sanciones y la presión diplomática frente a esta concentración absoluta del poder.
