Una red de extorsiones ligada al crimen organizado ha comenzado a asfixiar las obras de infraestructura clave en el norte del país, afectando directamente a los proyectos insignia de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en Nuevo León. Grupos delictivos locales han impuesto el cobro de piso a empresas constructoras y transportistas de materiales, exigiendo cuotas ilegales para permitir la continuidad de los trabajos. Esta situación ha encendido las alarmas en el sector empresarial y gubernamental, ya que las amenazas frontales y los bloqueos intermitentes ponen en riesgo los tiempos de entrega de obras estratégicas destinadas a la conectividad y el desarrollo hídrico de la región.
Ante el incremento de las denuncias, las fuerzas de seguridad federales y estatales han tenido que desplegar operativos especiales de vigilancia en las inmediaciones de los frentes de trabajo. El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal han reforzado la presencia de patrullajes para proteger a los obreros y garantizar el flujo de la maquinaria; sin embargo, el clima de intimidación persiste entre los contratistas. La cúpula empresarial de Nuevo León ha urgido a las autoridades a desmantelar estas células de extorsión de manera definitiva, advirtiendo que la impunidad en estos corredores de obra no solo encarece los costos de construcción, sino que frena la inversión pública y privada en el estado.
