La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso formalmente un arancel adicional de al menos el 10% para las importaciones provenientes de México, Canadá y otros socios comerciales clave. Esta medida surge tras el cierre de una investigación bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio, la cual concluyó que estos países han fallado en implementar o aplicar de manera efectiva las prohibiciones contra los productos fabricados con trabajo forzado. Según el gobierno estadounidense, esta inacción genera una competencia desleal para sus propios trabajadores, quienes se ven obligados a competir en el mercado global bajo condiciones de desigualdad.
Ante el anuncio, la Secretaría de Economía de México reaccionó señalando que esta propuesta forma parte de una estrategia de la administración estadounidense para reactivar gravámenes país por país. El gobierno mexicano aclaró que la medida no entrará en vigor de inmediato —ya que está sujeta a un periodo de consultas y audiencias públicas que iniciará en julio— y detalló que la restricción solo afectaría al 15% de las exportaciones nacionales totales. Durante los próximos 45 días, las autoridades mexicanas sostendrán conversaciones formales con la USTR para demostrar las acciones e iniciativas que el país ha tomado contra el trabajo forzoso y así intentar evitar la aplicación definitiva de estas tarifas.
