La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, expresó sus firmes reservas ante la propuesta del Gobierno federal que busca crear una comisión interna para fiscalizar a aspirantes con posibles nexos criminales rumbos a las elecciones de 2027. Taddei «pintó su raya» de manera categórica al señalar que el árbitro electoral carece de las facultades constitucionales, metodologías y herramientas legales para fungir como una autoridad ministerial o investigadora encargada de detectar o dar de baja a los llamados «narcocandidatos». Afirmó que asumir un rol de esta índole no solo rebasaría las competencias de organización y certeza del instituto, sino que pondría en grave riesgo su imparcialidad al colocarlo en el epicentro de feroces disputas partidistas.
La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para instituir una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Este órgano preventivo tendría la encomienda de evaluar los perfiles de los aspirantes de forma confidencial para alertar a los partidos políticos sobre riesgos vinculados a la delincuencia organizada y el financiamiento ilícito, una propuesta que cobró fuerza tras las detenciones de la llamada Operación Enjambre. No obstante, ante el debate institucional, Taddei insistió en mantener una estricta separación de funciones, subrayando que la responsabilidad última de elegir y postular perfiles limpios sigue recayendo exclusivamente en las fuerzas políticas, mientras que las pesquisas criminales corresponden a las instancias de procuración de justicia.
