El 24 de octubre de 2026 entró oficialmente en vigor la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La normativa establece las bases de coordinación entre el Gobierno Federal, los estados y los municipios para modernizar los registros públicos de la propiedad y actualizar las tablas del valor catastral de los inmuebles en todo el territorio nacional.
Aunque la legislación aprobada no determina un incremento directo a las tasas impositivas locales, diversos especialistas del sector inmobiliario advirtieron que el ajuste en las valuaciones comerciales podría repercutir en el cálculo del impuesto predial que pagan los propietarios de fincas y terrenos. La reforma busca erradicar la disparidad técnica en los catastros municipales y combatir la evasión en las operaciones patrimoniales.

